Guestblog de ILDA. Puede encontrar una versión en inglés de este artículo aquí.

Estos últimos meses hemos estado discutiendo sobre la posibilidad que brindan las contrataciones para la inclusión de grupos de la sociedad que se encuentran vulnerados o marginalizados. En esa línea, participamos de un intercambio a partir de la presentación del artículo sobre inclusión en el mercado de contrataciones públicas escrito por Michael Canares y Francois van Schalkwyk. Este artículo refleja casos de África y Asia y nos da un panorama prometedor pero todavía incipiente.

En el caso de los países de la región latinoamericana, el mercado de contrataciones públicas es clave para el desarrollo sostenible e inclusivo. Es por ello que el 7 de marzo les contamos que estábamos trabajando en un artículo sobre contrataciones públicas e inclusión en la región. El trabajo fue desarrollado por Ana Joaquina Ruiz, con el apoyo de Hivos, y forma parte de una serie de dos artículos que analizan una selección de casos y experiencias relacionadas con la participación cívica y la inclusión (particularmente mujeres) en América Latina, con el fin de aprender sobre su desarrollo e implementación.

El eje central que guió este artículo, para poder pensar en la inclusión de mujeres en el sector de contrataciones públicas, se relaciona con la identificación de las personas y empresas que proveen al Estado. Se realizó una primera etapa de exploración e identificación de casos y luego se pasó a una etapa de análisis en mayor profundidad, con la colaboración de personas entrevistadas. Luego de esos pasos, uno de los principales hallazgos es que, si bien las medidas que tienden a la inclusión a través incrementar el número de mujeres en el padrón de proveedores puede ser de utilidad, en la mayoría de los casos, no contamos con información suficiente para poder evaluar el éxito de estas iniciativas.

Por ejemplo, a pesar de la implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones de Datos Abiertos (OCDS), en países como Colombia, Chile o México, no podemos saber en forma certera si los procesos de adjudicación las benefician en términos de inclusión para el desarrollo. Es decir, no sabemos el lugar que ocupan las mujeres en las empresas. Los números son importantes pero los roles (y el desagregado por sectores) que asumen ese número de mujeres en un determinado mercado es un dato imprescindible para entender la situación de inclusión. Más allá de la falta de datos, vale la pena destacar que varios países latinoamericanos y algunos gobiernos subnacionales, como República Dominicana, Chile, Colombia, la ciudad de Buenos Aires y Cali, han generado políticas proactivas para aumentar la participación de las mujeres. Desde la generación de certificaciones/sellos para empresas de mujeres, capacitación y talleres, hasta políticas para darles preferencia en los procesos de licitación.

Luego del análisis de los casos, que se pueden encontrar en el documento, se puede concluir que se necesita que las ciudades y países de la región pongan énfasis en la inclusión e implementen políticas encaminadas a este fin. Se requiere además, que sean proactivos en su aproximación al tema, que conozcan el mercado de mujeres proveedoras, y que las inviten a formar parte del proceso de las licitaciones públicas.

En esa línea, el artículo plantea una serie de recomendaciones, que se centran en los datos de calidad y las políticas asociadas a esos datos. Aún más, los registros deberían incluir marcadores de género. Es decir, una columna, un color, una forma de distinguir en la base de datos que hay empresas dirigidas por mujeres o con una participación mayoritaria de mujeres. Este marcador se puede colocar a través del análisis de datos (mercados o países pequeños) o se puede colocar como un “Sello”.

Los datos son necesarios pero no suficientes. Los datos también deben combinarse con una política pública que aliente a las mujeres a ser incluidas en el proceso de contratación pública. Estas políticas deben pensar la inclusión por diseño- y no como un accionar posterior, no calculado- así como también habilitar los elementos necesarios para una implementación efectiva y sostenida desde mejorar la comunicación, facilitar la capacitación de las mujeres a cargo de pequeñas y medianas empresas (es un campo complejo que requiere un conocimiento específico), hasta las clausulas sociales, entre muchas otras, son medidas que contribuyen a la inclusión.

De todos modos, cabe agregar que queda pendiente la elaboración de un marco general de política que nos permita mejorar la inclusión en estos mercados. De la misma manera que se ha desarrollado una política de datos abiertos sobre contrataciones públicas, es necesario formular políticas inclusivas en ese sector. Los elementos incluidos en la política deben apuntar a eliminar los mecanismos que no permiten el acceso a oportunidades para participar en el desarrollo. Sin esos cambios, el statu quo permanece y los cambios son menores.

Para concluir, muchos casos tiene un gran potencial para poder transformar de a poco la realidad inequitativa que nos toca vivir pero mucho queda por hacer para que logren ese objetivo. Estas iniciativas son incipientes, a pesar del arduo trabajo de algunas redes para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en el campo. En esta línea, el artículo es un aporte para poder entender un poco mejor la situación latinoamericana y se ha concebido como un primer paso para poder tomar mejores medidas y seguir sumando investigaciones para lograr una inclusión efectiva.

Para más información, acceder a este enlace.