Se han multiplicado los informes de irregularidades generalizadas, incluyendo fraude electoral, un bloqueo masivo de internet, la suspensión de medios de comunicación, la detención de candidatos y el presunto acoso y asesinato de algunos votantes en Zanzíbar. Este grado extremo de represión se basa en un sinfín de leyes que, durante años, han obstaculizado la libertad de expresión y la capacidad de las voces críticas para hacerse oír en el espacio cívico de Tanzania.

Ya en el período previo a las elecciones, estas tácticas se estaban utilizando para silenciar las voces críticas del gobierno, como los líderes de la oposición en campaña, los activistas de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, muchos de los cuales han enfrentado cargos criminales, acoso y detención.

Historial de derechos humanos

El historial de derechos humanos en Tanzania ha ido en declive desde 2015 y empeoró significativamente antes de las elecciones de 2020. Esto es sumamente preocupante, considerando que la Constitución del país garantiza específicamente los derechos a la igualdad, la privacidad, la libertad de asociación y la libertad de expresión.

Sin embargo, estas acciones represivas y los abusos de los derechos humanos demuestran la clara renuencia del país a cumplir su mandato constitucional y su fracaso en adherirse a los principios de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Por lo tanto, instamos al gobierno de Tanzania a garantizar los derechos consagrados en su propia constitución y a respetar las normas internacionales de derechos humanos a las que el país se comprometió mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto implica defender y respetar la dignidad de todos sus ciudadanos.

Hivos se une a la comunidad internacional para instar a Tanzania a avanzar en su compromiso con su agenda de desarrollo de forma digna y humana. Esto incluye investigaciones creíbles sobre las violaciones de derechos humanos observadas durante las campañas y el proceso electoral, y garantizar que se escuchen todas las voces.