En un fallo histórico Este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado de Guatemala responsable de la “Masacre de Xamán” de 1995, cuando miembros de una comunidad indígena fueron brutalmente asesinados por oficiales militares.
La Guerra Civil guatemalteca duró de 1960 a 1996 y se saldó con la muerte de unos 200,000 ciudadanos, en su mayoría indígenas, a manos del ejército. Una de las últimas masacres registradas antes de la firma del acuerdo de paz ocurrió en la comunidad de Aurora en octubre de 1995. Once personas murieron y 29 resultaron heridas durante este brutal ataque.
En 2004, esta "Masacre de Xamán" fue el primer caso presentado ante un tribunal nacional. Sin embargo, la sentencia nunca se ejecutó debido a que los militares involucrados se encontraban prófugos. Posteriormente, organizaciones de derechos humanos, entre ellas el GAM (Grupo de Apoyo Mutuo), socio de Hivos, presentaron el caso ante la CIDH. Ahora, las familias de las víctimas finalmente han recibido justicia.
En agosto de 2018, la CIDH dictaminó que el Estado guatemalteco era responsable de esta masacre. La Corte ordenó reparaciones a las víctimas y sus familiares y obligó al Estado a continuar investigando y procesando a los militares involucrados, once de los cuales aún se encuentran prófugos. Este es un hito en la lucha de Guatemala contra la impunidad.
La historia de un padre
Pedro Coc, de 61 años, pertenece a la comunidad de Aurora y perdió a su hija de seis años durante la masacre. Su comunidad había huido de la violencia en Guatemala en los años ochenta y pasó diez años en México. Pero al regresar a Guatemala, el ejército encontró y asesinó brutalmente a un gran número de ellos. Pedro, como muchos otros sobrevivientes, sigue abogando por la justicia y la verdad, y trabajando para mantener viva la memoria histórica del país. Se ha erigido un monumento en la comunidad de Aurora para honrar a las víctimas y evitar que estos sucesos se repitan.
Pedro Coc, foto: Briseida MilianTenemos que seguir trabajando para que se haga justicia a mi hija y a los demás miembros de nuestra comunidad. Los funcionarios sentenciados siguen prófugos. Su libertad pone en peligro la vida de las personas de mi comunidad.
Según Pedro, la sentencia de la CIDH es solo el primer paso para que la comunidad de Aurora reciba justicia. Civiles, abogados y jueces aún enfrentan amenazas diarias y temen constantemente por sus vidas. Por lo tanto, el Estado guatemalteco no solo debe castigar a los militares sentenciados, sino también proteger y apoyar a esta comunidad ahora y en el futuro.
Monumento en la comunidad de Aurora, foto Briseida MilianHivos y Nexos
Hivos apoya a GAM y a la comunidad de Aurora a través de Nexos, un programa de derechos humanos en Centroamérica financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. El programa busca crear conciencia, fortalecer el Estado de derecho y aumentar la seguridad general en la región.